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Ha llegado la fecha temida por todos. Es 1 de septiembre, acabó la cuenta atrás y sube el IVA. Tal y como aprobó el Gobierno el pasado 13 de julio, el tipo general se eleva del 18 al 21 por ciento y el reducido del 8 al 10 por ciento. Se mantiene en el 4 por ciento el superreducido, pero en cambio pasan a gravarse al tipo general las entradas a cines, teatros, espectáculos deportivos, conciertos, museos, parques de atracciones, zoológicos, servicios de limpieza de vías públicas, los arrendamientos con opción de compra de viviendas, o los servicios de peluquería, entre otros.

El Gobierno prevé recaudar 9.500 millones con esta medida, pero no está claro que lo vaya a conseguir. Gestha, el sindicato de técnicos de Hacienda, asegura que como mucho serán 7.500 millones. En la última subida en 2010 el Ejecutivo de Zapatero esperaba recaudar 5.000 millones y al final ingresó 3.600 millones de euros. Pero es que además existe el peligroso antecedente de Portugal.

Forzado por Bruselas, el Gobierno luso subió el IVA en 2011 confiando en incrementar los ingresos un 11,6 por ciento y, de acuerdo con los datos de ejecución presupuestaria en los siete primeros meses del año, ha ingresado un 1,1 menos. Empresas de todos los sectores advierten, de hecho, de que habrá un desplome del consumo y una oleada de despidos. Entre los que peor lo pueden pasar están los pequeños comerciantes, que no tienen margen para asumir el incremento de la presión fiscal. La Confederación Española del Comercio (CEC) ha advertido, en este sentido, de que la supervivencia de una buena parte de los establecimientos está en peligro.

Comercios al borde del cierre

El presidente de la organización, Manuel García Izquierdo, se muestra tajante: “Acaban con las esperanzas de aquellos comerciantes que todavía confiaban en poder mantener abiertos sus negocios”. En su opinión, “las graves consecuencias que acarreará no tardarán en observarse en las ciudades, causando una pérdida irreparable para toda la sociedad”.

La CEC calcula que hay al menos 75.000 establecimientos en grave riesgo de desaparición. “Va a resultar catastrófico para nuestro sector y, sin duda, va a afectar de lleno al consumo. Nos hemos descapitalizado, endeudado y hemos ajustado nuestros márgenes comerciales para mantener nuestros establecimientos abiertos y a nuestros trabajadores”, subraya García-Izquierdo.

Aunque el impacto no será tan fuerte, la preocupación entre las grandes superficies y las cadenas de supermercados es también notoria. La Asociación Española de Supermercados (Aces) ha advertido ya de que el incremento causará un descenso del consumo y Anged, la Asociación de Grandes Empresas de Distribución, que defiende los intereses de compañías como El Corte Inglés, Carrefour, Eroski, Alcampo o Ikea, avisa también de una caída de las ventas, aunque confía en que la liberalización de los horarios permita, al menos, compensarlo en parte. Y lo peor es que en un contexto de atonía de la demanda y con el consumo minorista acumulando 24 meses consecutivos de caída, en el gran comercio dan por hecho que el incremento de la presión fiscal sobre los ciudadanos no tendrá el efecto esperado.

Caída del consumo

Los antecedentes, desde luego, no son buenos. Cuando en el año 2010 el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero anunció una subida del IVA, del 16 al 18 por ciento y del 7 al 8 por ciento, en los tramos general y reducido respectivamente, muchas grandes superficies comerciales anunciaron su decisión de absorber la subida para evitar que repercutiese en el cliente y el consumo no retrocediese. Pero lejos de lograrlo, sus ventas no han parado de caer y la consecuencia más inmediata ha sido la destrucción de empleo.

Y si el comercio lo va a pasar mal, en el sector turístico están encendidas también todas las alarmas, con una rebaja de ingresos que podría elevarse hasta los 2.000 millones de euros anuales y la destrucción de 18.700 empleos. Consciente de hecho de la grave repercusión que podría tener en la campaña veraniega, el Gobierno optó por aplazar la subida impositiva hasta que acabara la temporada. Aun así, nada más conocerse la decisión, las grandes organizaciones empresariales del sector enviaron un comunicado conjunto en el que alertaban de los efectos dañinos de la medida.

La Comisión de Turismo de la patronal CEOE, la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), la Federación Española de Hostelería y Restauración (Fehr), la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur) y la Mesa de Turismo auguran que por cada punto que sube el IVA la recaudación se reduce en 1.000 millones de euros anuales para el Estado, generando además cuantiosas pérdidas a las empresas. Y lo peor, quizás, es que un punto de incremento significa también que 9.350 personas pierdan sus empleos al cabo del año. El aumento de los precios, lógicamente, se traduciría en una caída en la demanda tanto nacional como internacional, ya de por sí reducida. Para las organizaciones empresariales, “los tipos impositivos reducidos son un instrumento esencial para la sostenibilidad del turismo en España”.

Hostelería

En la misma línea se pronuncian también los hosteleros, que insisten, además, en que el incremento del impuesto aumentará la economía sumergida en su sector. Aun así, Emilio Gallego, secretario general de la Federación Española de Hostelería (Fehr) reconoce en declaraciones a elEconomista que “podía haber sido mucho peor”.

La patronal insiste en que los bares, restaurantes y cafeterías llevan desde 2009 sin casi subir los precios. “La mayoría de pequeños establecimientos han tenido que apretarse el cinturón y, aunque es difícil seguir así, tendrán que asumirlo para no perder ventas”, explica Gallego. La Fehr explica que resulta difícil calcular el número de locales que podrían verse abocados al cierre por la subida y mucho menos saber cuánto empleo se puede destruir, pero incluso así se muestra confiada en que “tras 50 meses consecutivos de caída de ventas, 2013 sea mejor para la hostelería”.

De momento, en el primer semestre del año se ha producido una caída media de los ingresos del 4,1 por ciento respecto al mismo período de 2011. El sector emplea a 1,4 millones de personas y las últimas noticias no son demasiado positivas porque, a la espera de que se conozcan los datos de agosto, la suma de los empleados dados de alta en la Seguridad Social el pasado julio fue un 0,8 por ciento menor que la que se dio en el mismo mes del año pasado. Eso, a la espera de lo que pueda ocurrir ahora si hay un incremento de precios y cae la demanda.

Pero si hay un sector que puede tener serios problemas en los próximos meses, al margen de comercio, turismo y hostelería, ese es el del motor. Un argumento poderoso radica en las estadísticas de matriculaciones que en julio, a dos meses vista de la subida del IVA, se redujeron un 17,2 por ciento, y en la primera quincena de agosto retrocedieron algo por encima del 19 por ciento. Desde el último incremento del IVA en 2010, que coincidió con el agotamiento de los recursos destinados al Plan 2000E, las ventas no han parado de caer y este nuevo golpe fiscal puede acelerar aún más los descensos. Los resultados durante este año han ido empeorando y las distintas asociaciones automovilísticas de fabricantes (Anfac), de importadores (Aniacam), de concesionarios (Faconauto) y de vendedores (Ganvam) han rebajado sucesivamente sus previsiones de cierre de mercado de 800.000 a menos de 700.000 unidades.

Con el fin de intentar un repunte, por leve que sea, del mercado, algunas marcas automovilísticas han decidido asumir el IVA parcialmente para todos los clientes que han hecho pedidos de sus modelos, pero sólo durante el mes de agosto. En septiembre no hay ya margen, y los precios subirán. Para evitar los despidos, la única solución podría ser un nuevo plan de ayuda, algo que ya está preparando el Ministerio de Industria, pero que, según los vendedores, puede que no sea suficiente.

La destrucción de empleo puede ser también masiva en los mercados y sectores donde la subida del IVA será más fuerte, al pasar del tipo reducido, del 8 por ciento, al general, del 21 por ciento. Es el caso de las peluquerías y de la cultura. En el primer caso, las tres patronales del sector han avisado ya que la medida provocará la pérdida de más de 10.000 puestos de trabajo y el cierre de 3.000 pequeñas empresas durante el primer año de aplicación de la medida.

Pero si las peluquerías están preocupadas, la industria cultural está en pie de guerra. Tras conocerse el incremento, 4.000 empresarios del sector enviaron una carta abierta y pública al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la que aseguraban que el alza del tributo va a acabar con 4.500 empleos y con el 20 por ciento de las compañías dedicadas a la música, cine y artes escénicas. Según la SGAE, no es una cuestión baladí porque la cultura genera 503.700 puestos de trabajo y supone el 4 por ciento del PIB. “Se perderán 43 millones de espectadores y se reducirán en 530 millones de euros los ingresos de taquillas. El impacto tan negativo de la desorbitada subida hace que nuestra petición de un IVA reducido sea irrenunciable”, aseguran.

Las únicas empresas que pueden respirar tranquilas unos meses más son las inmobiliarias, porque la vivienda nueva seguirá sujeta al IVA superreducido durante 2012. Eso sí, a partir del próximo mes de enero, la compra de casas comenzará a tributar al 10 por ciento, frente al 4 por ciento actual. El problema es que desde entonces puede ser peor porque se acabará también la deducción fiscal por compra.

Vicenç Navarro
Catedrático de Políticas Públicas en la Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy en The Johns Hopkins University 

Una de las características del mercado de trabajo español, acentuada durante la crisis actual, es el bajo nivel de los salarios de la gran mayoría de las personas que están trabajando. Y otra característica que complementa la anterior, es la gran dispersión salarial existente entre la población asalariada, es decir, la elevada distancia que hay entre los salarios de los mejor pagados y los peor pagados. Veamos los datos.

Según el Instituto Nacional de Estadística (en su sección “asalariados y percepciones salariales por tramos”), alrededor de 7,8 millones de personas recibieron menos de 1.000 euros al mes en el año 2010. Son los llamados mileuristas. Representan el 43% de todos los asalariados y reciben el 13% de todo el dinero que el país se gasta en salarios (lo que se llama masa salarial). En el otro polo, nos encontramos con los mejor pagados, que ingresan más de 4.000 euros al mes y que representan el 7% de todos los asalariados y reciben el 25% de la masa salarial. En otras palabras, este grupo minoritario recibe un cuarto de todos los salarios. Dentro de los asalariados hay pues unas enormes diferencias. El 43% recibe sólo el 13% de todo el dinero que se gasta en salarios y el 7% percibe el 25% ¡Una gran diferencia!

¿A qué se debe tal polarización salarial?

La respuesta tradicional que da la sabiduría convencional que se reproduce en la mayoría de medios de información del país, incluidos los medios económicos, es que tales diferencias de salarios se deben a las diferencias en productividad. A mayor productividad mayor salario. En esta explicación, la productividad es la variable que determina el nivel salarial. Pero lo que se olvida en esta explicación es que la causalidad va también en sentido opuesto. Es decir, los salarios determinan también la productividad. Y no me estoy refiriendo sólo al hecho bien documentado de que a mayor salario y mayor satisfacción del trabajador hay mayor productividad, sino a otro hecho (también bien documentado) que muestra que si al empresario se le imposibilita pagar salarios bajos, éste invertirá para aumentar la productividad del puesto de trabajo, a fin de que con un número menor de trabajadores se consiga la faena que harían muchos más trabajadores mal pagados. Cuando un empresario paga bajos salarios, consigue baja productividad. Y esto es lo que ocurre en España.

Un caso claro de este hecho lo encontramos en las labores agrícolas como la vendimia. Si el dueño de una viña tiene muchos candidatos para un puesto de trabajo es probable que pague muy poco al trabajador. Si en cambio, por ley, el empresario tuviera que pagar salarios altos, invertiría para que la productividad aumentara y así necesitar menos trabajadores. Pero esto no ocurre en España. El salario mínimo interprofesional español es de los más bajos de la Unión Europea. Una manera de comparar el salario mínimo entre países es ver lo que tal salario mínimo representa de la renta nacional definida por el PIB per cápita. Pues bien, según los datos de Eurostat, el salario mínimo español representa el 39% del PIB per cápita en España, uno de los más bajos de la UE, junto con Estonia, entre otros. En Francia es el 54,% en Bélgica el 52%, en Inglaterra el 49%, en Holanda un 48%, y así un largo etcétera. Si el salario mínimo español aumentara para homologarse al de los países con un nivel de desarrollo económico similar al nuestro, se forzaría al mundo empresarial a invertir para aumentar la productividad.

La productividad no es la única que determina el nivel salarial

El nivel salarial no depende sólo del nivel de productividad, lo cual se ve con toda claridad cuando comparamos salarios entre varios países en sectores de semejante productividad, tales como la industria manufacturera. El PIB per cápita de España es un 16% más bajo que el de Alemania (este porcentaje es la diferencia entre el PIB per cápita de 2010 español y el alemán, en unidades de paridad de poder adquisitivo, en términos porcentuales respecto al alemán). En cambio, el coste por hora de la mano de obra en la manufactura es un 30% inferior en España que en Alemania. Tal diferencial no puede explicarse por el diferencial en productividad, semejante en el sector manufacturero. Una situación similar ocurre en la comparación con Francia, donde el PIB per cápita español es sólo un 7% inferior, mientras que el coste por hora de la mano de obra es un 27% menor. Tales diferencias no pueden atribuirse a diferencias en productividad (ver el trabajo de Enrique Negueruela “Un nuevo papel en Europa para los países del sur”).

Otros factores además de la productividad determinan el nivel salarial

La causa mayor del bajo nivel salarial para grandes sectores de la población es la debilidad del mundo del trabajo frente al mundo empresarial que se basa en dos hechos. Uno es el elevadísimo desempleo que España siempre ha tenido. El desempleo debilita al mundo del trabajo. Crea inseguridad y miedo. Y los trabajadores aceptan salarios bajos y condiciones de trabajo peores. De ahí que haya una política del empresariado español para facilitar el despido y aumentar el desempleo, debilitando así el mundo del trabajo. Las reformas laborales de los gobiernos recientes (y muy acentuadas en el actual) han tenido tal objetivo, como lo muestran el aumento del desempleo y la bajada de salarios producidas cada vez que se ha llevado a cabo una reforma laboral.

La otra causa de la debilidad del mundo del trabajo es la escasez de puestos de trabajo. El porcentaje de la población que trabaja ha sido históricamente bajo y ello se debe, en gran parte, no a aspectos culturales que constantemente se utilizan como justificación, sino a la escasísima oferta de puestos de trabajo. Hasta 2007 la tasa de actividad de España, que refleja el porcentaje de la población en edad de trabajar que está en el mercado de trabajo, ya sea empleada o desempleada, había estado por debajo de la UE15 (en 1992 la tasa de actividad en España era del 58% frente al 67% de la UE15 en promedio, es decir, casi diez puntos porcentuales por debajo). A partir de este año la población activa en proporción al total de la población en edad de trabajar es superior en España que en la UE15 en promedio, llegando a situarse en 2011 en el 74% en España frente al 73% en la UE15. Sin embargo, la tasa de empleo (que es la tasa de actividad menos el desempleo), que refleja las personas que tienen trabajo respecto al total de las que están en edad de trabajar, que desde 2005 se mantuvo en el promedio de los países de la UE15, en España disminuyó. Así, en 2011, mientras que en España sólo el 58% de los que estaban en edad de trabajar tenían un empleo, en la UE fueron el 66%. Es decir, aunque en España ha aumentado el porcentaje de gente que quiere trabajar, el porcentaje de los que consiguen un empleo ha disminuido, aumentando el diferencial con los países de la UE15. Este es un problema grave de la economía española que raramente aparece en los medios.

El escaso desarrollo del estado del bienestar en España

Y una de las razones de esta escasez de puestos de trabajo es el escaso desarrollo de los servicios públicos del estado del bienestar. Sólo un adulto de cada diez trabaja en España en tales servicios (como sanidad, educación, escuelas de infancia, servicios domiciliarios o servicios sociales, entre otros). En Suecia es uno de cada cuatro. Si este porcentaje se aplicara a España, nuestro país tendría cinco millones más de trabajadores (eliminando, por cierto, el desempleo). Es más, la eliminación de tal desempleo, permitiría la mayor integración de la mujer en el mercado de trabajo. El trabajo crea la demanda para más puestos de trabajo. Y ahí está el mayor punto débil de la estrategia que se está siguiendo con los recortes de empleo público del gobierno actual. La destrucción de empleo empobrece al país. Se debería crear empleo para que se estableciera la necesidad de tener más empleo. Más empleo quiere decir más riqueza y más demanda, lo cual crea mayor necesidad de empleo. Ahora bien, que haya mucho empleo quiere decir que aumenta el poder del mundo del trabajo que no es lo que desea el mundo empresarial, quien ha estado ganando en su conflicto con el mundo del trabajo. Y los datos así lo muestran. España es uno de los países de la UE que tiene una mayor participación del excedente empresarial (que incluye beneficios empresariales) en la distribución de la renta. En 2007 fue el 41,9%, habiendo sido también el país de la UE15 que tuvo mayor crecimiento de tal excedente empresarial en el periodo 2007-2009, hecho que contrasta con la mayoría de países de la UE donde dicho porcentaje bajó durante este periodo. Es lo que solía llamarse lucha de clases, que la gana, en bases diarias, la gran patronal a costa del mundo del trabajo. Es en los países nórdicos de Europa, donde el mundo del trabajo ha sido fuerte, donde el porcentaje de la población adulta trabajando en los servicios del estado del bienestar es más elevado, con mayores tasas de ocupación y con menor desempleo. Es en países como Grecia y España, donde el mundo del trabajo es débil, en los que tenemos un porcentaje menor de personas trabajando en su estado del bienestar, menos gente trabajando y mayor desempleo. La tasa de paro es un indicador político que define las relaciones de poder de clase en un país. La transición inmodélica de la dictadura a la democracia en España, perpetuó el enorme poder de las fuerzas conservadoras, lo cual explica que España haya tenido siempre en su periodo post transición un elevado desempleo y que ahora se esté acentuando con la crisis. La causa determinante del paro y de los bajos salarios es política más que económica o financiera. Así de claro.

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