El Instituto del Menor ordena a los centros de atención temprana que expulsen a los niños que están escolarizados en colegios públicos para “evitar duplicidades”.
“Con tres años, mi hija no sabía hablar. No me aguantaba la mirada. Después de un mes y medio en el centro de atención temprana, me mira a los ojos y ya dice papá y mamá”. José Miguel Sánchez cuenta que cuando oyó pronunciar esas dos palabras a su hija Miriam, que sufre un Trastorno Generalizado del Desarrollo (TGD), se le olvidaron “todas las penurias”. Desde que asiste dos veces por semana a este centro especializado en Arganda del Rey, Miriam está aprendiendo a relacionarse, se estimula y desarrolla su psicomotricidad.
Como ella, unos 1.500 niños de la Comunidad de Madrid de 0 a 6 años con TGD y TEA (Trastorno de Espectro Autista) reciben esta atención personalizada y gratuita para superar los bloqueos que les impiden estar en contacto con el mundo. Para algunos de ellos, sin embargo, este puede ser su último curso. En junio, el Instituto Madrileño del Menor y la Familia (IMMF) -dependiente de la Consejería de Asuntos Sociales- comunicó verbalmente a los Centros de Atención Temprana (CAT) que los niños matriculados en escuelas públicas con aulas adecuadas a su trastorno debían dejar de recibir el tratamiento complementario en los centros de atención temprana a partir del 1 de julio.
